La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones las reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar hasta con siete años de prisión y una multa de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (86 mil 880 pesos) a quienes incurran en la toma de casetas en carreteras con fines de lucro.
No obstante, el proyecto dividió al bloque de legisladores de la llamada cuarta transformación, pues un grupo de morenistas y petistas votó en contra, por considerar que la reforma criminaliza la protesta social.
“A quiénes en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan en las vías generales de comunicación serán sancionados con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigentes”, puntualiza el dictamen.
Prevé asimismo aumentar a nueve años de prisión la pena máxima para quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación o los medios de transporte, interrumpa la prestación del servicio u operación de las vías generales comunicación o restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulan por éstas.
De acuerdo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes, las pérdidas documentadas en 2019 y 2020 por la toma de casetas y el llamado boteo ascienden a cerca de 7 mil millones de pesos, mientras los bloqueos a las vías férreas se han incrementado este año 119 por ciento respecto al anterior, con una duración promedio de doce días.
Con información de MILENIO
