Impulsa Juan Pablo Celis reforma para que ningún funcionario gane más que la Presidenta de la República

El diputado local de Morena, Juan Pablo Celis, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 156 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de garantizar que ningún funcionario estatal gane más que la Presidenta de la República.

La propuesta busca armonizar la legislación estatal con el mandato establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fortalecer los principios de austeridad republicana, equidad salarial y combate a los privilegios dentro del servicio público.

“En la Cuarta Transformación creemos que el poder es para servir, no para enriquecerse. Ya no puede existir una clase dorada de funcionarios con salarios ofensivos mientras el pueblo exige mejores servicios y más obras”, expresó Celis.

La iniciativa establece que todas las personas servidoras públicas de elección popular, así como titulares de dependencias centralizadas, descentralizadas, órganos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, deberán percibir una remuneración proporcional a sus funciones, sin exceder el salario de la Presidencia de la República.

El legislador morenista destacó que esta reforma representa un paso importante para terminar con excesos burocráticos y consolidar un modelo de gobierno más austero, eficiente y cercano a la gente.

“Se trata de poner fin a los privilegios que durante muchos años ofendieron al pueblo de México. El dinero público debe regresar al pueblo convertido en bienestar, obras, programas sociales y mejores servicios”, señaló.

Juan Pablo Celis subrayó que esta medida también fortalece el combate a la corrupción, ya que elimina esquemas de altos salarios y prestaciones desproporcionadas que durante décadas beneficiaron a una élite burocrática alejada de la realidad de las y los ciudadanos.

Asimismo, recordó que recientemente se aprobaron reformas constitucionales federales para endurecer controles en materia de remuneraciones, pensiones y sistemas de retiro de mandos de confianza, por lo que los estados tienen la responsabilidad de armonizar sus normas locales.

“La austeridad no es un discurso, es una convicción. Cada peso que se ahorre eliminando privilegios puede destinarse a atender las verdaderas necesidades de la población”, afirmó.

Con el objetivo de brindar certeza jurídica, proteger el patrimonio de las y los michoacanos y agilizar la resolución de conflictos derivados del arrendamiento de vivienda, el diputado David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Inquilinaria del Estado de Michoacán.

El legislador propuso modificar el artículo 32 de dicha ley para que las acciones legales en la materia dejen de ser un proceso lento y costoso, y pasen a tramitarse mediante la vía sumarísima.

Martínez Gowman destacó que el arrendamiento es una herramienta social y económica indispensable para miles de familias que no cuentan con una propiedad. Sin embargo, lamentó que cuando un inquilino incumple con el pago de la renta o se niega a desocupar el inmueble, los propietarios se enfrentan a un calvario judicial.

“En la práctica, los juicios actuales se vuelven una pérdida de tiempo y dinero para los afectados. Muchos morosos no pagan ni desocupan el bien, generando un impacto severo en la economía y la seguridad de los dueños. Lo que buscamos es que los conflictos se resuelvan en menor tiempo, evitar litigios largos y otorgar justicia pronta”, afirmó el diputado.

La vía sumarísima, sustentada en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, es un procedimiento judicial simplificado que se utiliza en asuntos urgentes o de menor complejidad probatoria. Con este cambio, se pretende recortar drásticamente los tiempos de espera para recuperar un inmueble o saldar adeudos.

Asimismo, la iniciativa contempla la adición de dos párrafos normativos para dotar de herramientas claras a los juzgadores. De este modo, si el Juez detecta que la demanda requiere una vía procesal distinta, tendrá la facultad y obligación de reconducir el asunto desde el primer auto, garantizando el debido proceso. Si el Juez no resultara competente por materia, cuantía o territorio, deberá remitir el caso de inmediato a la autoridad correspondiente para evitar rezagos.

Con esta propuesta, el diputado David Martínez Gowman reafirma su compromiso con la creación de leyes equilibradas que protejan tanto los derechos de los inquilinos responsables como el patrimonio legítimo de los propietarios en Michoacán.